NOVEDADES REFORMA CODIGO PENAL
- El matrimonio forzado se tipifica como delito agravado de coacciones.
- Se crea un nuevo tipo penal de acoso para castigar conductas que, sin emplear la violencia, coartan la libertad de la víctima mediante vigilancias o llamadas reiteradas.
- Se castiga la divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento de la víctima, aunque ella se las facilitase a alguien.
- Será delito cualquier acto sexual con menores de trece años y hasta los dieciséis años se considerará abuso sexual cuando exista engaño o se abuse de una posición de confianza, autoridad o influencia.
- Se amplía el comiso, además de a los delitos de terrorismo y crimen organizado, a los de blanqueo, receptación, trata de seres humanos, prostitución y abuso de menores, tráfico de drogas, falsificación de moneda y corrupción
- Se agiliza la cancelación de antecedentes penales.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de reforma del Código Penal, y ha decidido remitirlo para su dictamen a los organismos competentes. Con el nuevo texto se procede a la revisión del sistema penal para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia, a la multirreincidencia y a los delitos más graves. A las principales novedades del texto legal, ya incluidas en el informe que estudió el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, se han introducida algunas más a petición de otros Ministerios.
Destaca la introducción de nuevas figuras delictivas, especialmente
relevantes en materia de violencia sobre la mujer, como la tipificación
del delito de matrimonio forzado (artículo 172 bis), con el que se
castigará la violencia o intimidación para obligar a contraer matrimonio
y la violencia, intimidación o engaño para forzar a abandonar el
territorio nacional o no regresar con esa misma finalidad.
También se castigarán a partir de ahora los actos reiterados de acecho u hostigamiento, como llamadas telefónicas continuas, que pueden lesionar gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, pero que en muchas ocasiones no pueden ser tipificadas como delitos de coacciones o amenazas, porque no se produce violencia.
Se pena la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas
obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin
que ésta lo sepa, cuando afecten gravemente a su intimidad. El Código
Penal vigente sólo castiga el apoderamiento o interceptación de cartas o
mensajes privados de la víctima, pero no preveía cuando era ella misma
quien se los facilitaba a la persona que luego los difundía.
Asimismo, se incorpora al Código Penal como delito la inutilización de
dispositivos electrónicos utilizados para controlar el cumplimiento de
penas.
Comiso
Como novedades respecto al informe presentado al Consejo de Ministros,
figura también la extensión del comiso ampliado (comiso de bienes
procedentes de actividades similares anteriores a las que son objeto de
condena) a los delitos de blanqueo, receptación profesional, trata de
seres humanos, prostitución, explotación y abuso de menores, tráfico de
drogas, falsificación y corrupción en el sector privado. Hasta ahora
sólo se aplicaba en delitos de terrorismo y crimen organizado.
Además, se aumenta la posibilidad de utilización de esos bienes por
parte de la Policía y se racionaliza la conservación de muestras de
sustancias intervenidas, de forma que sólo quede lo necesario para
realizar los análisis oportunos. Se simplifica el sistema de cancelación
de antecedentes penales para facilitar la operatividad del sistema
europeo de intercambio de información.
Delitos contra la libertad sexual
La reforma incluye la transposición al ordenamiento jurídico español de
varias Directivas europeas relativas a la lucha contra el racismo y la
xenofobia, por la que se tipifica la negación del genocidio siempre que
incite al odio contra las minorías; y a la lucha contra los abusos y
explotación sexual de los menores y pornografía infantil. Ésta ha
obligado a introducir modificaciones en los delitos contra la libertad
sexual; en concreto, en los abusos sexuales cometidos sobre menores de
edad.
Así, la realización de cualquier acto de carácter sexual con menores de
trece años será considerada siempre un hecho delictivo. En el caso de
que la víctima tenga entre trece y dieciséis años, se considerará abuso
sexual si se comete mediante engaño o abuso de una posición reconocida
de confianza, autoridad o influencia. Y se castigará con hasta tres años
de cárcel el hacer presenciar a un menor de trece años actos sexuales
sobre otras personas.
Además, se elevan las penas de los delitos de prostitución que afectan a
menores o personas discapacitadas y se considerará pornografía infantil
imágenes realistas de menores participando en conductas sexuales
explícitas, aunque no sean reales. También se sancionará al que a través
de medios tecnológicos contacte con un menor de trece años y le
embauque para que le facilite imágenes pornográficas.
Delitos económicos
El Código Penal introduce en el Capítulo VI del Título XIII una nueva
sección de la administración desleal. El texto vigente lo tipificaba
como delito societario, cuando en realidad es un delito patrimonial del
que puede ser víctima cualquier persona. Con la reforma, el tipo penal
castigará los actos de gestión desleal cometidos mediante abuso o
deslealtad por quien administra el patrimonio de un tercero y le causa
un perjuicio o crea una situación de peligro de pérdida del mismo.
De la administración desleal se separan los delitos de apropiación
indebida, aunque tendrán la misma pena cuando se trate de un supuesto de
apropiación con quebrantamiento de la relación de confianza con el
propietario. La malversación constituye una modalidad de administración
desleal que históricamente se refería básicamente a sustracción de
fondos públicos, y en mucha menor medida, a la desviación del destino de
los mismos. La reforma, en línea con la Ley de Transparencia, amplía
los supuestos por los que se puede castigar la gestión desleal con
perjuicio para el patrimonio público.
El Anteproyecto busca una eficaz persecución de los delitos de
bancarrota y una adecuada protección de los procedimientos judiciales y
administrativos de ejecución. Para ello se procede a la tipificación de
las conductas de obstaculización de la ejecución y ocultación de bienes.
De esta forma, se agilizará, aumentará y dotará de mayor efectividad a
la ejecución, lo que reforzará la protección de los acreedores.
Como medidas concretas se adecua la insolvencia punible a los supuestos
de acreedores declarados fraudulentos y se da una respuesta
proporcionada a posibles conductas ilícitas de los administradores
concursales, que también podrán ser condenados por malversación y
cohecho.
Por su parte, en los delitos contra la propiedad industrial se
diferenciará la responsabilidad penal de importadores y distribuidores
mayoristas. Éstos verán agravada su pena, mientras que a los
distribuidores minoristas y vendedores al público se les atenuará
proporcionalmente a su responsabilidad.
Prisión permanente revisable
Con la prisión permanente revisable, inédita en el ordenamiento jurídico
español, se proporcionará una respuesta penal más adecuada a ciertos
crímenes que causan una especial repulsa social. Se aplicará a los
homicidios terroristas, los cometidos contra el Rey o el príncipe
heredero y contra jefes de Estado extranjeros. También será la pena
prevista para los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad con
homicidio, así como, en el primer caso, con agresión sexual.
Los Tribunales podrán aplicar este tipo de pena en algunos tipos de
asesinatos agravados: cuando la víctima sea menor de dieciséis años o se
trate de una persona especialmente vulnerable; cuando sea subsiguiente a
un delito contra la libertad sexual; en los múltiples, y en los
cometidos por miembros de una organización criminal.
La nueva pena trae consigo un cumplimiento íntegro de la privación de
libertad durante un tiempo que se ha establecido en un abanico de entre
25 y 35 años, en función de si se trata de condenas por uno o varios
delitos o de delitos terroristas. Sólo después de ese período se
aplicará el sistema de revisión que permitirá la puesta en libertad del
condenado si cumple una serie de requisitos. Esta revisión se podrá
realizar a petición del reo, pero también se hará de oficio por un
tribunal colegiado, al menos, cada dos años.
La aplicación de la prisión permanente revisable ha sido avalada por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintas sentencias tras su
aplicación en los países de nuestro entorno, en las que ha determinado
que la posibilidad de revisión de la condena satisface el artículo 3 de
la Convención Europea de Derechos Humanos.
Custodia de seguridad
El nuevo Código Penal introduce, por primera vez, la custodia de
seguridad. Se trata de una medida privativa de libertad para casos
excepcionales que se aplicará una vez cumplida la pena de prisión y
después de que el tribunal valore si se mantiene la peligrosidad del
penado. La custodia de seguridad tiene una duración máxima de diez años,
aunque se pondrá fin inmediatamente a esta medida de seguridad si el
tribunal estima que desaparecen las circunstancias que la hacían
necesaria.
Esta medida sólo será aplicable a quienes hayan sido condenados por
delitos de especial gravedad como son los delitos contra la vida, la
integridad física, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, los
cometidos con violencia o intimidación, contra la comunidad
internacional, terrorismo o tráfico de drogas.
En su regulación se incluyen sólo dos grupos de supuestos: quienes ya
han sido penados con anterioridad por alguno de estos delitos graves y
tras salir de prisión reincidan, y quienes cometan por primera vez una
pluralidad de estos delitos.
La custodia de seguridad ya se aplica en estos casos en países como Alemania, Reino Unido, Francia, Austria, Suiza o Dinamarca.
El tribunal establecerá la medida de seguridad en función de la
peligrosidad del reo en la misma sentencia en la que se fijará la pena
de prisión por el delito cometido. Si cumplida la pena el tribunal
considera que ya no es peligroso, suspenderá la custodia de seguridad.
Se introduce, además, una nueva regulación de la libertad vigilada
(actualmente sólo está prevista para delitos sexuales), que se ampliará a
más delitos.
Detención ilegal y delito continuado
Se modifica la regulación del delito de detención ilegal con
desaparición. En los casos en los que no se dé razón de lo ocurrido con
la víctima, se fijará una pena única de diez a quince años de prisión,
equivalente a la que corresponde al delito de homicidio. Además, se
regulan dos supuestos agravados: cuando la víctima es menor de edad y
cuando esté presente un móvil sexual en la comisión del delito.
Se suprimirá la figura del delito continuado para los delitos de
naturaleza sexual, lo que permitirá que estos delincuentes vean
incrementada la pena que se les aplica. En el resto solamente podrá ser
aplicado en el caso de acciones que se produzcan de forma próxima en el
tiempo.
Libertad condicional
Una de las novedades del Código Penal es que la libertad condicional
pasa a ser regulada como una suspensión de la pena, de tal modo que si,
una vez en libertad, el penado vuelve a delinquir, podrá ser devuelto a
la cárcel para que siga cumpliendo condena desde el momento en que quedó
en suspenso. Se aplica en los mismos términos en los casos de prisión
permanente revisable, cuando una vez cumplidos los años fijados se
revise su situación y el tribunal entienda que puede acceder a esta
medida.
Se amplía la posibilidad de acceder a la libertad condicional para los
que ingresen por primera vez en prisión. Los condenados por primera vez a
penas de hasta tres años y con conducta irreprochable podrán acceder a
la libertad condicional a mitad de la condena, frente a los dos tercios
actuales.
Aunque se seguirá pudiendo solicitar la suspensión de la ejecución de
una condena por las mismas causas que actualmente, todas se encuadrarán
en un único régimen de suspensión, lo que evitará la reiteración de
trámites y recursos. Otra novedad es que para agilizar la satisfacción
de la responsabilidad civil se podrá acordar o, en su caso, revocar la
libertad condicional, al tenerse en cuenta si el reo ha ocultado bienes o
no ha aportado información sobre los que dispone para no hacer frente a
ese pago.
En el caso de extranjeros, la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del país se ajusta a lo previsto en la Ley de Extranjería. Cuando las condenas sean superiores a tres años, los Tribunales podrán fijar qué parte debe cumplir en nuestro país y qué parte puede ser sustituida por la expulsión.
Supresión de las faltas
Con el objetivo de hacer efectivo el principio de intervención mínima
del Derecho Penal y de reducir el número de asuntos menores que
sobrecargan los juzgados, se ha decidido suprimir las faltas. Se
mantendrán las que son merecedoras de reproche penal, pero como delitos
leves, denominados de escasa gravedad y que estarán castigados con penas
de multa. El proceso que les corresponderá se desarrollará en la nueva
Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se está trabajando. Mientras
tanto, se resolverán en juicios de faltas.
Las faltas que no merecen reproche penal abandonan el Código Penal,
aunque se seguirán persiguiendo administrativamente dentro de la Ley de
Seguridad Ciudadana o por la vía civil.
Asesinato
El Código Penal actualiza el delito de asesinato, de forma que se
considerará tal, además de los ya previstos, el homicidio que se cometa
para facilitar al comisión de otro delito o para evitar ser descubierto.
Hurto y robo
Se suprime la falta de hurto para sustituirla por un delito leve de
hurto que castigará los casos en los que lo sustraído no supere los mil
euros, aunque para fijar este límite se tendrá en cuenta la capacidad
económica de la víctima. Para ofrecer una respuesta adecuada a la
multirreincidencia y la delincuencia grave, se prevé que en el caso de
delincuencia profesional y organizada se les pueda condenar con el tipo
agravado a penas de uno a tres años de prisión e, incluso en los casos
más graves, de entre dos y cuatro años.
Las agravantes del delito de robo son: el desamparo de la víctima y el
pillaje que puede darse en situaciones de catástrofe; la
profesionalidad; el portar armas; la participación de un grupo
organizado y el hurto de conducciones de suministros eléctricos o de
cableado de telecomunicaciones.
El robo con fuerza tendrá en cuenta el modo de comisión, pero también la
fuerza utilizada para abandonar el lugar; y el robo con violencia
introduce un supuesto agravado para los delitos cometidos en
establecimientos abiertos al público. La agravación prevista para estos
delitos, por los que se podrán imponer medidas de seguridad a los
delincuentes peligrosos, tendrá su reflejo en la estafa cuando sea
cometida por una organización criminal y la defraudación afecte a una
pluralidad de personas.
Atentado, resistencia y desobediencia
La reforma del Código Penal clarifica la definición del delito de
atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión,
empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente; ero
no se equipara con la acción de resistencia meramente pasiva que, junto a
la desobediencia, se mantiene, como hasta ahora, penada con entre seis
meses y un año de cárcel. La falta de desobediencia desaparece del
Código, pero se sancionará como infracción administrativa de la Ley de
Seguridad Ciudadana. Se incluyen como sujetos protegidos los miembros de
los equipos de asistencia o rescate.
Una de las novedades del texto es que se incluye en la definición de
alteración del orden público una referencia al sujeto plural y a la
realización de actos de violencia sobre cosas y personas. Como ocurre
actualmente, la pena se agrava cuando se porten armas, se exhiban
simuladas o se realicen actos de violencia con peligro para la vida o
integridad de las personas, así como los actos de pillaje. Se regula
como supuesto atenuado la entrada o invasión colectiva de oficina o
establecimiento, cuando se altere indebidamente su normal actividad,
aunque no lleguen a producirse actos de violencia o amenazas.
Sólo se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de
algún delito de alteración del orden público; es decir, no la simple
convocatoria a movilizaciones, sino la incitación a cometer actos de
violencia constitutivos de desórdenes graves en esas convocatorias.
Incendios forestales
La reforma del Código Penal contempla un endurecimiento de las penas
para los autores de incendios forestales que se consideren especialmente
graves. La pena prevista actualmente para estos delitos es de tres a
cinco años de cárcel y, con la reforma, la pena se elevará hasta los
seis. Además, cuando los incendios afecten a espacios naturales
protegidos se castigarán del mismo modo que los delitos contra el medio
ambiente, lo que significa que sus autores podrán ser castigados con la
pena superior en grado, que en este caso supone nueve años de prisión.
En la misma línea, la reforma incorporará la posibilidad de imponer al
responsable actuaciones orientadas a reparar el daño causado y se
considerará la atenuante de reparación de daño.
El nuevo Código Penal añade al catálogo de supuestos agravados que
contenía el artículo 353 del vigente los incendios que afecten a zonas
próximas a poblaciones o lugares habitados y a zonas forestales que
constituyan el hábitat de especies animales en peligro de extinción o de
flora amenazada, o que alteren significativamente las condiciones de
vida animal o vegetal. También se incluyen como supuesto agravado los
incendios provocados en un momento en el que las condiciones
climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de
propagación.
Además, se modificará la Ley del Jurado para que estos delitos pasen a
ser competencias de tribunales integrados por jueces profesionales.
Esterilización
Atendiendo a las recomendaciones del Comité de Seguimiento de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en diciembre de 2006 y
ratificada por España en abril de 2008, se reconduce a la vía civil el
tratamiento de la esterilización de las personas discapacitadas.
Asimismo, la despenalización de la esterilización de las personas que
carezcan de aptitud para dar su consentimiento se realizará bajo
autorización judicial y en un proceso con las máximas garantías. Del
mismo modo, se ajusta la terminología del Código Penal a dichas
recomendaciones sustituyendo los actuales términos de "minusvalía" e
"incapaz" por otros como "discapacidad" o "persona discapacitada
necesitada de especial protección".